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julio 16, 2012 Publicado por Edgar Jara en la sección Editoriales

Un pésimo favor a la Justicia

Dijeron que a partir de la Consulta Popular del 7 de Mayo 2011 iba a surgir la “nueva justicia”. Todos pensamos, ilusos: Adiós a años o quizá siglos de corrupción judicial, corrupción que se “había enquistado en la larga noche de la partidocracia”.

Pero, bien se vio que la nueva justicia no solo que sigue cabalgando por los atajos de la conveniencia, especialmente política, sino que además tiene intocables. Por ejemplo: entre gallos y medianoche, sin que nadie sea advertido que pueda concursar cualquier persona para juez de la República, resulta que ha ganado el cargo o el concurso para Juez Penal de la Segunda Sala nada menos que Juan Paredes, famoso por haber dado en horas record la profunda lectura y análisis del caso El Universo, 1.200 fojas que las leyó y argumentó para llegar a la conclusión que el articulito de Emilio Palacio hizo leña del prestigio presidencial y que eso ameritaba que no solo el escribidor Palacio pague su atrevimiento sino que en calidad de coadyuvantes los dueños del diario nacional y la propia empresa competen el rubro de 40 millones de dólares.

Al cabo de pocos días, una jueza honesta, a la que le propusieron firmar la sentencia “que ya estaba hecha”, Mónica Encalada, denunció lo que ya se sospechaba, que Juan Paredes no fue sino el presta firmas de una sentencia que la habría escrito nada menos que una de las partes, representada por el abogado Gutemberg Vera.

Es decir, Gutemberg Vera redacto lo que le convenía a su cliente, que se gane 40 millones de dólares y Juan Paredes pasaría a ser una lumbrera en la Jurisprudencia ecuatoriana. Lástima que por todos los elementos conocidos, nadie (salvo los ingenuos) ha creído que Paredes haya sido capaz de redactar esa sentencia: no porque haya estado bien argumentada, sino todo lo contrario, porque tratándose de un juez temporal, llamado también “golondrina”, era una clara prueba de que la justicia había empezado a vivir una etapa oscura de politización y corrupción. ¿O no es desproporcionado e ilógico que alguien se gane 40 millones solo por el concepto de un columnista y por la decisión de un juez manipulado?

Esta “justicia”, en la que brilla las decisiones de Carondelet, se pone solita en desprestigio. ¿Qué ganan haciéndolo ganar un concurso a un juez que debieron prohibir que compita por un puesto en la Corte mientras no concluya el caso ChuckySeven? Qué, ¿ya está aclarado el caso del pendrive compartido por Paredes y por Gutemberg Vera?

En el aspecto judicial Ecuador vive días oscuros. Es por eso que no nos admiramos que igual prepotencia se repita contra Christian Zurita y Juan Carlos Calderón, los periodistas que investigaron el innegable negociado de Fabricio Correa. Innegable no solo por la fuerza de la investigación, que arroja datos y cifras incontrastables, sino porque el propio Fabricio, con un cinismo bonachón le ha dicho a la república, “mire amigo, de todo está enterado mi hermano”.

Y pese a esto, el señor gobernante decide perseguir a los investigadores que citan precisamente que Fabricio sostuvo que Rafael Correa conocía de los aventajados contratos de su familia, sabiendo que la Constitución y las leyes expresamente prohíben que los familiares directos de los funcionarios públicos contraten con el Estado.

En un alarde de desconocimiento de las leyes y de la probidad que debe aplicar en un cargo de alta investidura, el Presidente de la República, tan pronto supo de los contratos de su hermano, no los negó, simplemente reaccionó de una manera que sorprendería en Francia, en Japón, en Egipto o en Paraguay: “"Recién me entero que mi hermano es poco menos que Bill Gates", acaso mi hermano esos contratos los firmó con algún privilegio?”.

Era el lunes 15 de junio. Según la noticia redactada por Hoy y originada por una investigación del diario guayaquileño Expreso,el Primer Mandatario, durante la posesión del nuevo ministro de Transporte y Obras Públicas, Xavier Casal, defendió a su hermano, de quien dijo que es contratista del Estado desde hace 25 años y que hasta ahora “ni siquiera conozco las oficinas de su empresa”. Según Correa, la investigación solicitada al organismo de control debe demostrar si existieron o no irregularidades en la adjudicación de las obras contratadas con Engineering International Corporation e International EnergyOverseasCorporation, radicadas en Panamá. Correa también lanzó un desafío al rotativo guayaquileño: que “precise” si hubo o no perjuicio al Estado con la firma de esos contratos, si hubo “favoritismo de las autoridades para otorgar los contratos a Cosurca S.A.” y, si esas empresas tenían algún tipo de cuestionamiento legal.

Es decir, Correa interpretaba que exclusivamente lo ilegal podría ser que un familiar suyo concurse con algún privilegio, cuando lo ilegal, de por sí, es que cualquier familiar de un funcionario público logre un contrato con el Estado.

Todos podrían quedarse absortos por el desparpajo, pero los políticos que han estado sospechosamente callados, no ahondaron ni replicaron inmediatamente, por eso en cuanto el entornopresidencialse dio cuenta que el economista desconoce de las leyes y del articulado de la carta magna, muy probablemente le asesoraron y, desde entonces, su actitud más repetitiva es que nunca conoció de esos contratos”.

La ciudadanía que necesita confiar en las leyes, ¿cómo podría confiar en una sentencia firmada por Juan Paredes? ¿Por qué insisten en poner virus a un cuerpo judicial que merece comenzar de nuevo? ¿De qué sirven los concursos de Paúl Rodríguez, Tania Arias y Fernando Yávar en Judicatura? ¿Puede intervenir en un concurso alguien que libra un serio cuestionamiento judicial?

El “triunfo” de Paredes en un concurso no solo le resta méritos ala supuesta competencia, le resta calidad a todo el cuerpo judicial. La jueza Mónica Encalada tiene una grabación en la que demuestra qué justamente Paredes se refería frente a ella sobre las ventajas de firmar la sentencia contra El Universo.

La revolución ciudadana no puede desconocer que lo que está allí grabado es una actitud y una verdad, una forma de ser de un juez nacional. Podrán decir que “se grabó con trampas”, mas Paredes es infiel con la colectividad a la que debe servir, porque esa es la misión de la Justicia. Entonces, nada quita que en un caso de infidelidad una grabación tan ilustrativa sí constituya una prueba. Es decir, una prueba contra la “nueva justicia”.

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