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abril 25, 2012 Publicado por Edgar Jara en la sección Editoriales

Un Código de la Democracia de hechura oficial

No sabemos si en aquellos países fundamentalistas suceda que el pretendido amo y señor aplica una Ley que impide a los medios de comunicación informar libremente sobre los diferentes candidatos.

Eso es inadmisible. Eso representa llegar al estado de pérdida de libertad de la prensa, el ideal de todo dictador.

No se puede imaginar a Diario El Universo pidiendo la aprobación del supremo para realizar una entrevista al candidato número dos, o el número tres, por identificar de alguna manera a los rivales del dueño del juego, el número uno.

De esta laya de dictámenes, donde el que está en el poder se entromete a base de un reglamento vinculante, en la creatividad de cada medio, es que se configura la idea de que la dictadura es una realidad.

author: @EdgarJara
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Pero no lo es todavía y ahora es cuando los asambleístas deben cumplir con su misión, aún más cuando hay prohibición constitucional porque la Constitución establece en forma clara que no se pueden hacer reformas a las leyes electorales un año antes de las elecciones.

Cuando se viene una nueva etapa electoral se produce este intento oficial de “racionalizar y controlar la información política”, una aspiración que no tiene antecedente en la vida nacional.

De materializarse esta pretensión no solo perjudicaría a los candidatos no oficiales, sino al electorado, pues volvería a la campaña parca y restrictiva, sin posibilidad de difundir con libertad los aspectos consustanciales de cada candidato.

Cuando viene una camisa de fuerza, en la que se reglamenta la forma y tamaño de los reportajes, por supuesto que uno se enfrenta a un periodismo robotizado, que es incapaz de concebir una impronta, una sorpresa, que motive a los lectores.

El elector se decanta por las diferencias y claro que él ya sabe que hay prensa para uno u otro candidato. No será lo mismo hablar con Abdalá Bucaram que con Julio César Trujillo sobre el tema abusos del poder, por ejemplo.

Y, no es que el periodismo se sienta imposibilitado de darle a su respectivo reportaje el estilo tono propio de cada personalidad.

Pero ocurre que cuando el régimen interroga, inspecciona o autoriza los más sensibles empezarán a escribir lo que quiere leer el rey.

Éste mandará a averiguar: ¿Y qué nomás va a preguntar al señor Gutiérrez? ¿Qué espacio le va a dar a Paco Moncayo? ¿Por qué no le entrevista a nuestro hombre en Cuenca, en Portoviejo o en Machala?

Al irrogarse el amo las facultades de vetar o autorizar la entrevista, al periodista libre eso le caerá eso como un fardo.

L a Corte Constitucional (CC) analizó con varios asambleístas, en audiencia pública, el martes, la inconstitucionalidad del artículo 203 del Código de la Democracia, que precisamente limita el trabajo periodístico durante los procesos electorales.

Nunca se había conocido que sea el Ejecutivo el que norme las condiciones de una campaña electoral, puesto que una de las condiciones básicas de un Estado de Derecho es que todos los sectores políticos puedan actuar con libertad.

Todo lo anterior, desde luego, sin afectar el desenvolvimiento cotidiano de la ciudadanía o el Gobierno. Pero algo que convulsiona al conglomerado periodístico es que el Gobierno manejará toda la información.

Es decir, de alguna manera, será el final del factor importante para vender periódicos, el factor sorpresa. Quien llevará la agenda de los medios será el encargado gubernamental.

Una agenda que, por supuesto, será trasladada al Ejecutivo. Es una imagen de un territorio controlado por el ojo de un “gran hermano”.

El Gobierno no debe interferir en un proceso electoral, hacerlo es infiltrarse en el accionar de todos los colectivos políticos.

Por el contrario, el organismo electoral (CNE) debe pronunciarse sobre la necesidad de propender a una información libre y que en este escenario no invada el gobernante.

Mas, pedir que obre con la suficiente distancia de los medios resulta duro para el que tiene incontinencia verbal y actúa como un hiperactivo.

La mira presidencial está en consolidar un código de la democracia que tiene los visos de antidemocrático.

El representante de la Unión Nacional de Periodistas, Santiago Guarderas, solicitó en el ámbito de la Corte Constitucional que se declare la inconstitucional de la reforma al artículo 203 del Código.

La clase política está indignada por una imposición que perjudica a todos, menos a la tienda de los verdaderos mandantes.

El asambleísta Paco Moncayo sostiene que “por la serie de arbitrariedades que se configuran contra la libertad de información no hay otra que declarar la inconstitucionalidad".

El rechazo al código se expande hacia muchos otros sectores del espectro político nacional, no solo lo exteriorizan Sociedad Patriótica o el Prian, que son la preocupación del Presidente.

Las demandas de inconstitucionalidad fueron planteadas por la Unión Nacional de Periodistas (UNP), Fundamedios, Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), y los asambleístas de Alianza Libertad, Prian y la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas (Pachakutik, MPD, Montecristi Vive y Participación).

El Ejecutivo tiene a su servicio medios de comunicación como ningún gobernante ha tenido y no debe temer que los medios independientes ejerzan libremente su información de la campaña. ¿De qué teme Rafael Correa?

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