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octubre 23, 2012 Publicado por Edgar Jara en la sección Editoriales

Triunfo electoral, pero derrota ante la Oxy

Es un economista que hace gala de un manejo fluido de la economía, cuando se observa a través de las múltiples cadenas que está gastando millones en decenas de obras, lleva a decir a sus seguidores: “¡Qué maravilla, cómo trabaja por el país!”, aunque no hay el ente fiscalizador que verifique la autenticidad de las declaraciones.

Al margen que ese acelerado informe (los segundos que dura un anuncio en la tele), decir: “La revolución ciudadana gastó 6.000 millones en la renovación de la Justicia”, no deja de sorprender, puesto que ese gasto equivale a 10 veces el nuevo aeropuerto de Quito, ¿usted podría estar convencido que con cifras así se juegue tan superficialmente, es decir sin una documentación fiable que certifique que se ha incurrido efectivamente en esos gastos?

Para nuestro modo de pensar el régimen basa su excesiva confianza en la inexistente inquietud de sus opositores sobre tantas arbitrariedades y en realidad está realizando un manejo torpe de la economía y está dejando ver su mayúsculo rabo de paja, solo que tiene la fortuna de pasar por delante de una oposición permisiva, que no se fija en esos pequeños detalles, en esos ángulos claroscuros que el gran mandamás va dejando a la deriva y que en cualquier momento aparecerán como el ícono de lo que no debe hacer un gobernante, solo que para entonces nuevamente estará encaramado como el reelegido del pueblo.

Pero, es posible que Guillermo Lasso, Lucio Gutiérrez o Alberto Acosta se hallen reuniendo las cartas que desnuden al desgobierno. Por ejemplo, en estas cuatro últimas semanas, si bien ellos estaban, queremos suponerlo, ocupados en el caso Duzac con todas sus flagrantes fallas, bien podrían dirigir su mirada a otro hecho que inscribe una pérdida mayor para el Estado.

Los 800 mil dólares entregados contra toda ética al amigo argentino de Pedro Delgado, siguen siendo bolsas menores, casi ínfimas, frente a los casi dos mil millones de dólares que el Estado está conminado a pagar a la petrolera Occidental (Oxy) por haber precipitado su caducidad sin poner el Estado un representante en el arbitraje cual era su obligación, lo que le llevó a perder el litigio ante el gigante petrolero.

Para guiarnos sin el prejuicio de la antipatía, sino remitiéndonos a los especialistas, hablaremos que Henry Llánez fue una de las autoridades en hidrocarburos y en el Ministerio de Recursos Naturales hace unos 20 años. Esto no lo ha alejado de la observación a todo gobierno de turno en la materia que domina. Hay que decirlo, se encuentra en una posición crítica “pero con fundamentos”.

Llánez se manifestó en una publicación que no admite tratamientos llevados por el odio sino por la reflexión que generan los hechos. Esta publicación responde al socialismo no oficialista que lanzó la edición 3 de la revista Opción S (Opción Socialista) en la que denuncian sobre la responsabilidad que le cabe al régimen tras el juicio entablado por la Oxy.

Llánez señala que lo que acaba de suceder en los últimos días con el caso Oxy era un hecho que se esperaba, por tres motivos: a) En la solicitud de caducidad del contrato se introdujo un texto en el que se decía: “si bien es verdad que la compañía había incurrido en violaciones contractuales, sin embargo no se habían cometido perjuicios económicos contra el Estado” (esto sucedió en el gobierno de Palacio); b) sobre la conformación del arbitraje, al Ecuador le correspondía ser parte de dicho organismo de acuerdo a una de las cláusulas del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados suscrito en Washington (desde el año 1966), pero el Gobierno de Correa se negó en un inicio a designar a su representante, y c)en el gobierno de Correa se produjo un hecho similar al caso de Oxy; esto es, la compañía Petrobras habría vendido el 40% de sus acciones a la compañía Teikoku Oil sin la respectiva autorización del ministro de Energía y Minas, lo que hubiese derivado en otra caducidad.

Pese a ello, a la Petrobras no se le aplicó la caducidad del contrato, con lo cual se habría producido un trato discriminatorio en la administración de la justicia. Estos fueron algunos argumentos que se expusieron a la opinión pública, con el objetivo de alertar al país sobre los efectos de aquellas acciones, especialmente por la actitud del régimen de manejar este caso de manera atolondrada dentro de un proceso de permanente agitación electoral, sin importarle sus consecuencias, las cuales efectivamente se producen con el fallo del Tribunal Arbitral obligándolo al país a pagar USD 2.301 millones. Aquí viene un ente morigerador de la política errática de Carondelet: “para evitar el impacto de la noticia, Diego García, el Procurador General del Estado se anticipó a dar una rueda de prensa en la que se mencionó montos y los mecanismos de pago”.

En otras palabras, el Procurado como autoridad del Estado prácticamente reconoció la responsabilidad del Gobierno nacional sobre este caso.

En aquella rueda de prensa, el Procurador General del Estado construyó escenarios de pago, siendo uno de ellos de USD 417,3 millones, una vez descontados los USD 900 millones que no habría pagado la contratista por el incremento del precio del petróleo.

Nos manejamos de acuerdo a las expresiones de los entendidos en petróleo. Llánez dice que “Para evitar especulaciones sobre el fallo arbitral el Gobierno nacional está en la obligación política, constitucional y legal de entregar de manera íntegra a los mandantes el pronunciamiento del CIADI y no una simple ayuda memoria. Los mandantes no son seres anónimos, sino personas de un país que lamentablemente son objeto de la manipulación ideológica y política por parte de un régimen que privilegia sobre todo los golpes de efecto comunicacionales para conseguir sus objetivos políticos”.

Como dice Fernando Villavicencio, otro estudioso de la política petrolera: “La expulsión de la petrolera norteamericana Occidental en el año 2006 , como efecto de la caducidad de su contrato, fue quizá el principal estandarte con el cual, Rafael Correa Delgado se aseguraba un puesto estelar en la maqueta electoral, convirtiéndose en el candidato presidencial de un sector de los movimientos sociales y de la izquierda oficial ecuatoriana… la caducidad contractual de Occidental fue un trofeo para un pueblo condenado a releer un siglo de festines petroleros y lavar sus penas en ríos contaminados con el estiércol del diablo”.

Con ese trofeo de carácter electoral se abrió el Movimiento País el triunfo en las urnas. El caso de Oxy no debe quedar en la impunidad, y los responsables del mal manejo de los bienes públicos deben responder no solo ante el juicio de la historia. Ojalá los candidatos presidenciales se acerquen al informe completo del CIADI, no a la ayuda memoria que entregan los cercanos al Gobierno.

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