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enero 22, 2014 Publicado por Edgar Jara en la sección

SIETE AÑOS DE GOBIERNO CORREISTA

Editorialista Invitado

José Ramón Álvarez

Nueva York.- Aún reconociendo que siete años es un período largo de estabilidad, para un presidente en el Ecuador, el análisis imparcial del mismo arroja un balance negativo desde el punto de vista de la institucionalidad de un Estado Democrático moderno.

La Reforma Educativa, los carreteros y puentes y la construcción de modernos edificios públicos para la atención a la ciudadanía, no compensan las fallas de procedimiento, la protección a la corrupción administrativa, las faltas de libertad cívica y las violaciones producto del autoritarismo y la prepotencia.

Una Balanza Comercial negativa, el desprestigio internacional, la falta de incentivos a la inversión extranjera, los impuestos a la salida de capitales, la reducción en la explotación petrolera, el aumento innecesario de la burocracia (para obtener votos dependientes), los sobreprecios en los contratos para obras a nivel nacional, la falta de independencia en las funciones legislativa y judicial, el silencio ante denunciados casos de corrupción, la mentira y protección de mentirosos como principio, los insultos, amenazas y ofensas hasta a los seguidores de AP, etc. superan las pocas buenas acciones.

Coincidiendo con estudiosos y estadistas si el precio del barril de petróleo, en el mercado mundial, no hubiese sido tan alto por tanto tiempo, el pueblo estaría protestando principalmente para cobrar su “bono de la pobreza” y ni siquiera los ministros, altos funcionarios y asambleístas faltos de dignidad, hoy obedientes a Rafael Correa, estuviesen convencidos de lo acertado de su revolución ciudadana.

Lo que el mandatario no alcanza a comprender, desde su sitial de omnipotencia, es que la ciudadanía lo observa y terminará sancionándolo por su actitud de tratar de silenciar a quienes piensan diferente. No hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo resista.

Es verdad que Correa llegó a la presidencia cuando la ciudadanía estaba cansada y opuesta al control del modelo totalitario implantado por malos gobernantes. Pero ese mismo pueblo está comprobando que hoy vive una situación igual y hasta peor que la anterior. Por lo menos antes se podía expresar la inconformidad y él mismo fue partícipe de las protestas. Actualmente se criminaliza todo intento de reclamo a la corrupción reinante y los denunciantes terminan siendo perseguidos.

Es un hecho comprobado que las acusaciones contra espionaje e invasión de correos electrónicos y el linchamiento mediático las realizan también los medios gubernamentales. Allí, según el mandatario, no hay violación a las leyes y normas constitucionales. Todo lo justifica por defender su revolución. Han sido siete años de una constante actitud hostil contra sus adversarios políticos, deshumanizándolos con insultos vulgares durante las sabatinas, para luego ordenar a la función judicial que los sancione; la cual actúa, de inmediato, con una ciega tolerancia y sumisión a las órdenes del ejecutivo; acusando de terrorista y desestabilizador a todo aquel que por dignidad y patriotismo demuestre que piensa diferente.

El mayor error de sus siete años de mandato fue su anunciada “metida de manos en la justicia” para completar la toma de control de todos los poderes del Estado. Aprovechando la ingenuidad del pueblo y con la ayuda de sus secuaces en el Consejo Nacional Electoral, alcanzó una mayoría relativa – aún en duda -- en la Consulta Popular que lo autorizaba a reformar el sistema judicial ecuatoriano.

Inmediatamente designó un Consejo de la Judicatura, presidido por un técnico en electrónica, desconocedor de jurisprudencia, para reemplazar una Corte de Justicia, que había sido designada por concurso de méritos a nivel nacional. Los nuevos jueces fueron un grupo de jurisconsultos muchos faltos de ética y de dudosa credibilidad en la documentación presentada para acreditar sus aspiraciones. A más de la total falta de transparencia, en la integración de la corte “correísta” se destinaron 10 puntos de la calificación final para, con un descarado procedimiento, favorecer a los aspirantes que garanticen total obediencia a sus órdenes. La veeduría internacional, que se supone estaría encargada de vigilar el proceso de selección, empezó su trabajo después de la posesión de los nuevos jueces y su reporte no tenía efecto vinculante, demostrando que todo fue una burla a la ciudadanía. La veeduría reconoció las impugnaciones a varios jueces pero no actuó con valentía y decisión para despojarlos de su investidura. Al final, como todo lo que se denuncia en estos siete años de correísmo, .... todo quedó en silencio. En el país no existe un sistema independiente de justicia.

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