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noviembre 23, 2012 Publicado por Edgar Jara en la sección Editoriales

Pero, también hay que escuchar a los afectados

En realidad la disputa que ha generado la arbitraria manera de imponer más impuestos a los banqueros para dar cumplimiento al capricho del sultán de lograr más votos, gracias al bono, fue a nivel político un paseo, un entrenamiento de boxeador con débil sparring.

Los asambleístas, incluidos los opositores de Sociedad Patriótica, se allanaron al proyecto de ley del Ejecutivo y determinaron una votación favorable de 79, más que suficientes para que aparentemente nadie discuta sobre la legitimidad o ilegitimidad de los actuado.

Pero, es a nivel de los propios interesados: los banqueros que se trata de dilucidar una parte de la pelea, porque también hay que saber lo que piensan o hacen los afectados y de lo que seguramente intentará no hacer caso Rafael Correa quien por lograr sus metas se le nota capaz de irse contra lo legal.

El regalo electoral, que eso significa el bono desde luego que lleva a la convicción que antes de este episodio Correa estaba necesitado de un incidente que le facilite salirse del laberinto inexpugnable tendido por los errores de Gobierno en el caso Duzac.

Ahora son muy pocos los que discuten de ese ejemplo de corrupción. Es más a algunos ni siquiera les interesa el tema y Correa escucha hablar del mismo como una lluvia monótona, porque la música que le envuelve es que logró convertirse en el autor de la elevación del bono de desarrollo humano, ganándole la partida, cometiendo falta penal y todo, a quien originalmente lo concibió (aunque con un sistema más legítimo), Guillermo Lasso.

Mas, un momento. ¿Es que no se puede conocer lo que opinan los interesados directos? ¿Es que no se puede saber los pasos que van a dar los perjudicados de esta historia, la misma que no está solamente en el tinglado político?

Hay que ir a lo que piensa o decide la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE). Este organismo que aglutina a los principales financieros del país anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la ley aprobada por la Asamblea Nacional, que destina parte de los beneficios obtenidos por ese sector a la financiación del bono de ayuda según se dice a los pobres, pero también se conoce que en esa lista se encuentran desocupados que trabajan de vez en cuando en las marchas que convoca el oficialismo.

César Robalino, presidente de la ABPE, asegura que convocará a una reunión del gremio financiero para analizar el cuerpo legal y la demanda que se presentará ante la Corte Constitucional (CC), organismo más de una vez cuestionado por estar dirigido también por el grupo gobernante, pero que ahora debe mostrar su independencia.

Patricio Pazmiño el director de la CC es el elemento que calificó la consulta del 7 de mayo de 2011 del Presidente, siendo que ésta adolecía de varias inconstitucionalidades. Pese a haber sido visibilizado en su absoluto apego a las hechuras correístas, este ciudadano tiene la oportunidad de demostrarnos que estamos equivocados y que está a la altura de un jefe de función independiente.

Para llevar adelante su tarea, la Corte Constitucional debe llegar hasta el origen mismo de la acción anómala que se configuró el pasado martes, cuando el órgano parlamentario aprobó la ley de Redistribución del Gasto Social que, además, "prohíbe que los bancos trasladen al público la elevación del impuesto a las utilidades o beneficios".

Pazmiño tiene asegurado su puesto hasta el año 2015, es decir no es actor de la próxima campaña electoral. Por lo tanto, no se siente presionado a agradar a los votantes y su responsabilidad es cumplir con su misión: hacer respetar los derechos constitucionales de personas y grupos, en este caso el de los banqueros, que ha sido discriminado, de otros grupos productivos, por el selectivo presidente de la República, para crear un impuesto, acción o potestad que corresponde más bien al poder legislativo.

No se puede discutir la potestad de legislación en materia tributaria que tiene el Parlamento, hecho que en esta ocasión se la cede al poder Ejecutivo, lo que al parecer de César Robalino y otros funcionarios de la Banca, eso es "inconstitucional e incorrecto por parte de la Asamblea".

Un hecho inconstitucional, el gran árbitro y juez del país es el que determina la tributación, siendo este un papel parlamentario. Rafa mete la mano en la Justicia, en la Asamblea, en el CNE y solo queda saber si esta vez lo hará en la Corte Constitucional.

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