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junio 11, 2012 Publicado por Edgar Jara en la sección Editoriales

La vieja justicia, más viva que nunca

Estas son nuevas épocas para la Ley. Si nos atenemos a la enorme propaganda donde Paulo Rodríguez y los otros vocales del Consejo Nacional de la Judicatura nos aseguran que hay una nueva visión de la aplicación de la justicia, recordándonos que con los cientos o millones de dólares gastados en la renovación de juzgados y fiscalías, ahora sí los ecuatorianos podemos dormir tranquilos, porque “está garantizada la seguridad jurídica en el país”.

Desde luego, esta Ley nació con una experiencia tormentosa, cuando unos juecitos de manera imperturbable pretendieron validar las acciones y sentencia de Juan Paredes y otros infalibles colegas suyos contra el diario El Universo, autoridades que decidieron no tomar en cuenta las claras muestras de sentencia compartida en el pendrive ChuckySeven, avalando lo actuado por Paredes y sus pares; y, negando sistemáticamente que había un coadyuvante en la redacción de la sentencia.

Por algo la comunidad internacional deploró la sentencia, que inauguraba esta nueva forma de aplicar la justicia, produciendoun severo cambioen el ganador de aquel juicio, mismo que prefirió la remisión del veredicto antes que batallar contra la colusión del periodismo internacional y menos contra la CIDH, quienes hacían serios reparos a la sentencia y su coadyuvante.

Bien, aquí lo importante es que, más allá de la ironía, la Ley ha sido conminada a encaminarse soberanamente, es decir sin subordinarse al poder políticoy atenta a las evaluaciones que hacen magistrados del exterior, tipo Baltasar Garzón.

Queremos creer que en adelante se impartirá justicia siguiendo el debido proceso y no con el “nuevo infalible estilo” que tanta confianza despierta… pero, solo en aquellos que son amigos de la revolución y subjefes cercanos a ella.

Bueno, los ecuatorianos debemos estar atentos a la ruta que va siguiendo la Ley y sus representantes. Porque hay que decir que también en este campo se mueven intereses políticos de carácter personalista. Es decir, que también los hombres de Ley son seducidos por la Política.

Ejemplo concreto: se proyecta la inscripción del Movimiento Unión Ecuatoriana, de Washington Pesantes, ex Fiscal General de la República. Ante esta realidad, no se puede sino hacer una evaluación sobre los méritos que considera tener el ex funcionario para interpretar que está en capacidad de liderar una tienda política.

El Fiscal tuvo un paso entre regular y gris por sus funciones. Jamás nos entregó un resultado convincente de sus investigaciones sobre los hechos del 30 de septiembre, fue uno de los que afirmó que hubo intento de golpe de Estado y uno de los que mantuvo la investigación y la presión sobre César Carrión y Fidel Araujo, que según la opinión pública son inocentes.

Pesantes tuvo prensa y también amistad con el Presidente de la República, habiendo dado qué hablar cuando apareció en uno de los viajes presidenciales como miembro de la comitiva oficial, dando al traste con aquella hipótesis de que había independencia frente al poder.

Igualmente, cuando la Asamblea (sector de la oposición)intentó seguirle juicio político a Pesantes por defender a su esposa, Aliz Borja, inculpada de haber arrolladlo a una ciudadana colombiana (Natalia Emme Bedoya), Rafael Correa pidió a esos diputados atrevidos que renuncien a su inmunidad.

Bueno, lo cierto es que el paso de Washington Pesantes por la Fiscalía tuvo algunas situaciones que no se compadecían con una gestión totalmente vertical en su exigente cargo. Este hombre es el que busca un puesto político dentro de la nueva etapa electoral.

Pero, si lo de Pesantes ha dado qué decir, lo del ex Fiscal del Guayas, Antonio Gagliardo produce aún más sospechas sobre la nueva justicia y las apetencias personales.

Resulta que Antonio ha caminado con pies de plomo en el tema “Caso ChuckySeven”. Siendo una autoridad de control decidió no tomar en cuenta la confesión que dejó escrita y grabada la ex jueza Mónica Encalada antes de viajar a Bogotá. La ex jueza en su contenido inculpó directamente al abogado presidencial Gutemberg Vera de ser el autor intelectual de la sentencia que diligentemente firmó Juan Paredes.

“La grabación y documentos dejados por la doctora Encalada para mí no tienen validez alguna, ella tiene que venir directamente para declarar sobre lo que afirma”, dijo Antonio Gagliardo.

Y no se imaginó que Mónica Encalada decidió venir y declarar. Y, no solo eso. Tenía una grabación, no la que ella declaraba, sino otra, en la que se ve al juez de bolsillo Juan Paredes conversando sobre la redacción de la sentencia en la que se implica a Gutemberg Vera como el presunto autor de la misma.

Todo eso entregó Encalada, de todo eso se enteró Antonio Gagliardo, pero en su calidad de autoridad de control no solo que no dejó esclarecido sobre este tema sobre el que había suficientes evidencias, sino que decidió retirarse del caso “por cuanto decidió postularse para la Corte Constitucional”. Todo esto después de quemar tiempo y no llegar a decisión alguna.

¿Puede un individuo así integrar una Corte de ese nivel? ¿Alguien que le corre a su deber y que prefiere no confrontar con el poder político será capaz de mejorar el sistema judicial o las garantías constitucionales?

Si estos son los nuevos aires de la proclamada justicia renovada, no podemos estar felices por el entierro de la corrupción. Esta vivita.

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