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abril 23, 2012 Publicado por Edgar Jara en la sección Editoriales

La jueza que grabó el poder de Chucky Seven

El caso El Universo pasará a la posteridad por el gran ejemplo de un Mandatario que renunció ala indemnización que le correspondía según el fallo y según los historiadores oficiales.

Pero, según historiadores independientes y, sobretodo, según las evidencias que no terminan de ser descubiertas pasará como una vergonzosa evidencia de que hubo un arreglo entre un juez y el abogado del actor, en este caso quien llevaba adelante el juicio.

No hace muchos días, el caso Aponte de Venezuela, nos trajo a la memoria el caso de la jueza Mónica Encalada.

Ella también había hablado desde fuera del país, aunque por sus diferentes actitudes en un territorio de presiones, antes que por las inflexiones del primero con el poder.

author: @EdgarJara
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Sintetizando, en Venezuela, un juez militar, Elías Aponte, confesó desde fuera de Venezuela que cometió varias ilegalidades por mandato superior, por influencia del propio palacio de Miraflores, y que para confesar sus culpas le fue necesario huir de su país.

En el caso de la magistrada ecuatoriana, igualmente, hizo una confesión desde fuera del país y ratificó, al regresar al país, que el juecito Juan Paredes, aquel que supuestamente redactó una sentencia en una noche, no fue realmente el autor de dicha sentencia.

Ella reiteró que dicho fallo lo escribió, un abogado del equipo legal del Presidente de la República. ¿Por qué lo considera así? Porque simplemente lo había señalado Juan Paredes de esa manera.

El doctor Gutemberg Vera, que está vinculado al pendrive Chucky Seven, aparece como el autor intelectual de aquello que firmó Juan Paredes, sospecha que había danzado aún antes de que aparezca en escena Mónica Encalada.

Es decir, se configuró un delito que es inaceptable en cualquier sistema de justicia, inclusive en el de Irán, Venezuela o Nor Corea, es decir que una de las partes sea la que maniobre la justicia y dicte sentencia.

Quien, según un presunto sorteo, debió firmar aquella sentencia (siempre un juez), debió ser la magistrada Mónica Encalada, pero ella, a diferencia de Elías Aponte, el venezolano, se negó a cometer tamaña ilegalidad.

La negativa de Mónica Encalada fue clara y por eso, ella a pesar de conocer que hay un entramado judicial favorable a deslizar los fallos judiciales y la persecución judicial a favor del poder se decidió a rechazar la propuesta y, aún más, a denunciarla.

Un país con un sistema judicial dependiente de otro poder del Estado es un país que es susceptible de los más abyectos proyectos en beneficio de personas que pueden manejar las leyes y, especialmente, los jueces a su favor.

Lo insólito es que según Paredes “jamás” supo que Encalada lo estaba grabando. Además, restó validez jurídica al video presentado porque “para captar esto de aquí tiene que ser con mi consentimiento”.

¿Usted cree que un contrabandista, un homicida, o el autor de un accidente de tránsito mortal van a consentir ser grabados cuando ellos no han podido contener su lengua y han confesado su delito?

Damos por descontado que ese fue un atrevimiento de Encalada, que legitima su regreso, pues cuando estaba fuera del país el fiscal Antonio Gagliardo dijo que no creía en lo que ella había declarado porque “ha huido del país en lugar de dar la cara”.

Mucha razón puede haber en esta reflexión del fiscal, pero vamos a ver cómo haría alguien que enfrenta una poderosa organización donde el Ejecutivo y la justicia están vinculados.

Da mucha pena la actitud del abogado Gutemberg Vera cuando dice que la jueza Mónica Encalada “ha cometido una ilegalidad” al grabarle, con mala fe, al juez Juan Paredes.

Es decir, no se preocupa de desmentir lo que aparece en el video, sino que se convierte en defensor de Paredes y su ilegal procedimiento al confesar que pese a la orden bajo la sentencia de 60 millones a 40 millones.

Eso, para un profesional de la jurisprudencia resulta que “no es grave”. Pero eso es lo de menos. Más grave aún es negar o minimizar lo que revela una grabación.

Una grabación que Mónica Encalada está dispuesta a someterla a los peritos, con la entereza de que dispone de un documento irrefutable.

Cuando se revisa el contexto de respuestas de Juan Paredes, él señala paladinamente que realmente los poderosos le exigieron bajar la pena de 80 a 60 millones de dólares, lo cual no deja dudas que se trata del caso El Universo.

De pronto, hay similitud en los sistemas de Justicia ecuatoriano y venezolano. En uno y otro se busca promover el servicio de la justicia, a favor del poder.

Se engañan los que consideran, por labios de Gutemberg Vera que “es una ilegalidad haberlo grabado a Juan Paredes”.

Es que realmente, según las leyes modificadas durante la revolución Siglo XXI es prohibido que alguien grabe a una persona sin orden judicial.

Solo que los revolucionarios que han puesto candado a esta posibilidad, olvidan que justamente Mónica Encalada es jueza, es decir tenía facultades para ordenar o ejecutar una grabación.

Sin embargo, por todo el proceso superado en el caso El Universo, es necesario que la jueza morigere sus expresiones, puesto que enfrenta esa organización que puede llevarle a un terreno peligroso, aunque tuviere la razón.

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