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noviembre 29, 2012 Publicado por Edgar Jara en la sección Editoriales

La Información, un asunto de Estado, ¿o del rey?

Siempre hemos pensado que a Rafael Correa le interesa mover los titulares de la prensa nacional y si le es posible internacional. Hace tan solo dos semanas, ante diarios españoles, el Presidente de la República señaló que la Comunicación, a su juicio, debería ser manejada por el Estado, es decir debe convertirse en “una cuestión de Estado”.

En realidad, a través del intento de llevar adelante la promulgación de una Ley de Comunicación el Ejecutivo ya ha hecho movimientos desembozados para manejar los contenidos de los medios.

Pero, ante esta pretensión, que el mismo Presidente reconoció en España que es “atrevida”, no solo las clases periodística y política debieran tener escudo preventivo y empezar con un punto de vista propio. También la sociedad. Puesto que es la sociedad la que se perjudica o beneficia con cualquier decisión que a nombre del Estado se tome, afectando o mejorando la calidad colectiva de vida.

Por eso, cabe desentrañar: ¿Corresponde el manejo de la información a un sector interesado como es el Gobierno? ¿Cabe agregar cuotas de poder a quien ya posee varios medios que están a su servicio?

A veces, los políticos hablan del Estado, como si esa sólida institución fuera la que va a controlar o beneficiarse de la información o de cualquier campaña que se le ocurra a su majestad.

Es cierto que podemos hablar de una campaña informativa estatal para prevenir fenómenos naturales, epidemias, o campañas culturales y hasta cívicas, pero de allí a manejar la información, que el gran eje de control informativo esté a cargo del “Estado” hay mucho trecho.

Al tomar en cuenta la opinión del consultor español Ignacio Ramonet, traído por el Gobierno, que señala: “Que no les sorprenda que en algunos países de Latinoamérica la información esté dominada exclusivamente por grupos privados que han hecho lo que han querido durante decenios”, se descubre una falacia. Es que, la información no está dominada “exclusivamente” por grupos privados, también la maneja en altísimo porcentaje el Gobierno. Por lo menos el actual no debiera quejarse, a diferencia de los regímenes de la Partidocracia que solo tenían a su favor la radio del Estado y hasta alguna prensa amiga, pero de allí eran huérfanos de apoyo, de allí que en asonadas como la realizada contra Gutiérrez éste se halló indefenso.

Es posible que muchos de los estudiantes de periodismo, o políticos no prevenidos no hayan visualizado el contexto de la pretensión de Rafael Correa, pero desde cualquier sitio donde esté un periodista salido de las aulas universitarias eso significa que los comunicadores deberán someterse a las imposiciones del monitor de la Ley, que será el Régimen de turno, es decir el poder político con intereses en la comunicación.

Tanto Ramonet como los estudiantes y los miopes de la política deben dar cabida a una interrogante: Si el Gobierno va a manejar la Ley de Comunicación, ¿qué posibilidad tiene el medio de comunicación o el periodista de hacer una labor transparente e independiente?, y más aún ¿Qué posibilidad tiene de ser crítico frente a los eventuales desaciertos que podría cometer quien lleva la conducción del país?

En Ecuador solo basta citar unos pocos ejemplos, para saber que el manejo de la información desde una perspectiva estatal tendría una visión sesgada: la expulsión de 57 diputados elegidos por el Pueblo y sustituidos por parlamentarios de reserva, que por vergüenza se escondieron tras los manteles de un restaurante. Eso que para el Gobierno era legítimo, para el periodismo independiente era una acción arbitraria e inconstitucional. Sobre la sublevación policial del 30 de septiembre que está sobrevalorada como “el día que ganó la democracia”. Hay dos perspectivas claramente marcadas: las que consideran que hubo intento de Golpe de Estado y los que han sometido esos acontecimientos a la etiqueta de simple sublevación.

Y, ese día no ganó la democracia, puesto que se silenció a los medios que fueron obligados a unirse en cadena al medio oficial que en su relato vendía al pueblo la idea de golpe de Estado y también de rescate heroico.

La ciudadanía no puede quedar librada a una sola visión de los grandes y pequeños sucesos.

Con esa claridad salomónica que tiene el “rey”, señala que en nuestro país está prohibido para los dueños de periódicos tener otro negocio.

Pero, ¿porqué justamente el inventor de esta ética no se aplica a sí mismo su filosofía honesta? ¿Cree usted que no es tan perjudicial como un mal banquero un mal gobernante manejando medios de comunicación?

Por su fuera poco, ningún empresario maneja el número de medios como aquel que está interesado en manejar a nombre del Estado la información.

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