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junio 25, 2013 Publicado por Edgar Jara en la sección Editoriales

La defraudación del mandato popular

La Ley de la Comunicación puede haber dado un giro a la vida periodística nacional, ahora que la prensa ecuatoriana no puede tener libretos propios, ni libertad para tratar los temas a su manera, sino como a su majestad le convenga.

Una ley que ha merecido la reprobación de los hombres libres. En su artículo “Pasión por escribir” escrito ayer (24 de junio) por Samuel Arango, en la página de Opinión de El Colombiano (diario de Medellín) encontramos un párrafo importante. Esto señala el articulista colombiano:

Escribir en este periódico (El Colombiano) es una pasión. Por ello me duele la censura que el presidente ecuatoriano Correa hace a los medios de comunicación, me duelen las muertes y los atentados a los periodistas. Me duelen los medios arrodillados. Me duelen los colegas vendidos al mejor postor. Me duele la manipulación. Me duele que echen colegas por pensar distinto al gobierno. Me duele mi profesión. He prometido que aun muerto seguiré escribiendo y opinando. Ya me inventaré la manera.

Este párrafo revela que la prensa ecuatoriana no está sola. Significa que a prensa internacional ha observado ya el fenómeno de la presión gubernamental a los medios del país. Si se le va la mano a Correa, desde luego que desde allí será observado, criticado y conminado a rectificar.

La prensa nacional al igual que la internacional no pueden dejar pasar pretensiones absurdas que sirven exclusivamente para enriquecer los poderes de un ciudadano.

Correa entiende que el periodismo crítico se inventó con su llegada al poder, pero eso se le puede ocurrir a un divo, a un megalómano. El periodismo es lo que es, con sus virtudes y defectos desde mucho antes de que Rafa ingrese a las filas de los que quieren algún día llegar al poder.

Nadie niega que se hayan dado casos de excesos de periodistas contra funcionarios públicos. Uno de ellos fue, por ejemplo, el de Carlos Vera contra Lucio Gutiérrez. Pero, en general la prensa no ha llegado a procesos mitómanos como los que se han dado desde el poder en el último período.

Las trampas revolucionarias están a la vuelta de la esquina y se ha llegado a comprobar que el texto aprobado el 14 de junio sobre la Ley de Comunicación no fue el votado por los asambleístas ecuatorianos.

El texto votado, y que hoy causa controversia, es el que Andino remitió el 13 de junio recién pasado a la actual presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, con notorios cambios en su redacción. Al comparar ambos documentos se llega fácilmente a la conclusión de que el original pudo ser redactado por especialistas en la materia y probablemente tenía la loable intención de poner orden al caos jurídico en el que se desenvuelve el periodismo, pero el que se aprobó finalmente fue cambiado por alguna o algunas personas cuyo propósito es, evidentemente, el control de la prensa ecuatoriana.

Entonces surge la sospecha que recae justamente en el principal coadyuvante de que exista esta Ley de Comunicación. ¿Cuál ha sido el personaje que ha tratado en estos dos últimos años de tener una ley de Comunicación? ¿Cuál es el personaje que ya tiene los poderes ejecutivo, judicial, legislativo, electoral y que solamente le faltaba doblegar a la prensa? Preguntas que tienen respuesta, pero dejemos que el lector saque sus conclusiones.

El asambleísta César Montúfar, uno de los pocos políticos que han dicho las verdades que se han callado candidatos presidenciales que hablan generalidades (el coronel del PSP es uno de ellos), ha conminado a Mauro Andino, el titular de la elaboración legislativa de la Ley de Comunicación, a contestar sobre la alteración del texto del famoso reglamento para controlar a la prensa:

“Debe aclarar ante el país el día sobre la sesión del segundo debate del Pleno y el legislador que, en su intervención u observaciones, "sugirió" incluir en el proyecto de ley contenidos como: Art. 10: Normas deontológicas; Art. 22: Derecho a recibir información veraz que sea precisa; Art. 23: Derecho a la rectificación por información imprecisa; Art. 25: Posición de los medios sobre asuntos judiciales; Art. 26: Linchamiento mediático, propuesto por María A. Calle fuera del segundo debate; Art. 27: Equidad en la publicidad de casos judiciales; Art. 43: Composición laboral de los medios nacionales; Art. 54: Consejo Consultivo del Consejo de Regulación; Arts. 55, 56, 57, 58: Superintendencia de Comunicación y sus atribuciones, procedimientos y resoluciones, propuesta por José B. Castillo fuera del segundo debate; Art. 72: Acceso de candidatos a medios en campaña; Art. 83: Medios públicos de carácter oficial; DT 21: Reparación por los beneficios de concesiones ilegales.

Montúfar dice que la aprobación de leyes debe ser la expresión de la voluntad soberana representada en el Legislativo y no actos masivos de defraudación del mandato popular y violación a los derechos ciudadanos. Muy cierto.

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