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septiembre 22, 2014 Publicado por Edgar Jara en la sección Editoriales

En Ecuador, los no correístas pagan factura

El 17 de Septiembre, trabajadores, sindicalistas y estudiantes llenaron la Plaza de San Francisco para protestar contra el Gobierno, por sus políticas represiva, encarecedora de la vida y de inusitada manipulación propagandística, haciendo creer al Mundo que los ecuatorianos vivimos en un paraíso.

Conocedor de que se venía esa marcha, que empezó pacífica y terminó con gran intensidad de represión oficialista y reacciones estudiantiles, Correa realizó una “contramarcha”, manifestantes a favor con camisetas de verde, que llegaron a la Plaza Grande a expresar su fiel apoyo al régimen.

Dos marchas opuestas en las calles de Quito convertían al centro de la ciudad en un polvorín. Además, la fuerza pública que dejó transitar sin problemas al correísta, puso todos los obstáculos para que llegue a San Francisco cualquier estudiante que porte pancartas contra el régimen. Fue el Gobierno el culpable de que haya un conato de incendio en las calles capitalinas, porque tanto con policías como agentes oficialistas, agredieron a los jóvenes que estaban en la limpia protesta y lógicamente provocaron reacciones que determinaron que 17 policías queden heridos.

Al margen de ello, el Gobierno culpa de vandalismo a los manifestantes opositores, habida cuenta que se aflojaron adoquines de la Plaza franciscana y que seguramente hubo ventanales rotos en algunos de los sectores, pero esa obra de seguro corresponde a infiltrados, siempre encargados de agredir sin conciencia a los bienes públicos e inclusive a inocentes transeúntes, con la consigna de echar a rodar la calidad de la protesta.

No es la primera vez que el “intocable” no tiene empacho en tratar de apagar el pronunciamiento popular y encima de ello cobrar carísimo a quienes se atrevieron a gritar en contra de su majestad. El año pasado, con motivo de la marcha indígena, también uso todos los medios represivos lanzando bombas lacrimógenas en el trayecto, agrediendo a los líderes de la marcha o haciendo, inclusive, bajar de los buses interprovinciales a los jóvenes indígenas que viajaban a Quito, porque la sospecha es ciega y actúa hermanada con la cobardía.

Esa política copiada de los autoritarios venezolanos Chávez y Maduro, que mentalizan contramarchas tan pronto se organiza el pueblo o tratan de parar cualquier reunión que no es de conocimiento de su altísima y sensible autoridad ya es rechazada por los ecuatorianos. Ya no hay la misma cantidad de creyentes en la “gran revolución de todos”.

Ecuador se halla prisionero de un estilo de gobierno dictatorial y solo ahora, cuando las condiciones políticas señalan que el manipulador tiene todos los poderes, muchos políticos se dan cuenta que cometieron un gran error dándole carta blanca a que se tome la Legislatura, el poder judicial, el poder electoral, la comunicación. De allí que ya no hay pensamiento libre en el país y todo aquel que lo cuestiona aparece de la noche a la mañana como delincuente. Galo Lara, uno de los mejores denunciantes de las trafasías correístas, está tildado como “cómplice de asesinato”, como si él hubiese estado presente en el lugar del supuesto crimen, que parece una macabra conspiración, donde aparecieron testigos falsos para señalar que “estuvo allí”, gente a la que quiso confrontar en su momento, pero que tiene el respaldo del régimen para desprestigiar al ex legislador.

Tras la jornada de marchas, a la ciudadanía le queda claro que ser correísta no cuesta nada y se puede llegar con facilidad a los predios del gran líder, en tanto que si se atreve uno a cuestionar el desgobierno tiene asegurados el garrote, la cárcel y el uilterior desprestigio, puesto que el manifestante va a recibir multas y castigos de delincuente, inculpado de aquello que se cometió por parte de esbirros infiltrados que pretendieron torpedear una manifestación que fue masiva.

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