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julio 27, 2012 Publicado por Edgar Jara en la sección Editoriales

Eliminación y entierro de Chucky Seven

Prohibido olvidar: se produjo una nueva manifestación de la justicia de estilo revolución siglo XXI. El fiscalito Antonio Gagliardo se pronunció y para él no ocurrió nada grave en el caso del pendrive presuntamente compartido por el antes juez temporal Juan Paredes y el abogado Gutemberg Vera. Este caso puede pasar al olvido por dictamen de Gagliardo, para quien no valieron los peritajes realizados.

Gagliardo, a quien le costó tanto llegar a una conclusión (hasta el punto que anunció que muchos se arrepentirían cuando decida aplicar una resolución “histórica”), debía ahorrar tiempo y saliva y pronunciarse antes, puesto que ahora, al demorarse, se hizo más visible su bullado enredo.

El caso Chucky Seven cobró fuerza porque justamente las grabaciones de Mónica Mendoza ratificaron lo que los peritos revelaron con su investigación: que Juan Paredes y Gutemberg Vera utilizaron el mismo pendrive, algo que surgió tras las sospechas que despertó la inmediata sentencia emitida por quien en poco más de 24 horas se leyó mil doscientas fojas del juicio a diario El Universo.

Según el legalista Gagliardo, “Si alguien tiene la oportunidad de grabar a una persona declarando cosas muy graves, no tiene validez alguna porque no tiene la autorización de esta persona”.

Ese es el corolario de los argumentos del Fiscal del Guayas, Antonio Gagliardo que desestimó la grabación de la ex jueza Mónica Encalada, en un documento donde su colega Juan Paredes Fernández se refiere a la sentencia “lista para ser firmada” contra diario El Universo.

Pero, aún aceptando esa salida propia de las leguleyadas, al momento de emitir esa grabación Encalada era jueza y eso le da autoridad para haberla llevado adelante.

Insiste Gagliardo que eso no constituye prueba alguna, puesto que no hubo autorización para la grabación de Encalada. Sin embargo, hay que recordar que cuando Mónica Encalada dejó un documento firmado, para irse a Bogotá, por temor a represalias, el mismo magistrado exigió que ella se presente para autentificar el escrito, de lo contrario “no daré ningún valor al documento que me ha hecho llegar”.

Contra todo pronóstico, Mónica Encalada regresó al país y fue personalmente a rendir su declaración, agregando esa grabación en la que Juan Paredes le habla de las ventajas de firmar la sentencia en contra del matutino porteño.

Tampoco estas pruebas le sirvieron a Encalada, porque Antonio Gagliardo sigue creyendo en la versión de Paredes.

En definitiva, el fiscal distrital del Guayas, Antonio Gagliardo, a quien le habrían ofrecido un lugar en la Corte Constitucional, nunca quiso complicar a nadie importante, a nadie que esté al frente del poder, y desestimó la denuncia en contra del juez Juan Paredes Fernández en el caso Chucky Seven, por lo que solicitó “el archivo de dicha denuncia”.

Uno de los representantes de la nueva justicia es precisamente este juez Juan Paredes, quien llamó poderosamente la atención porque hace casi un año condenó a Diario El Universo a pagar 40 millones de dólares en el juicio que siguió al rotativo el presidente de la República, Rafael Correa.

Paredes, pese a todas las críticas recibidas por su veredicto lleno de falencias y de sospechas, como si lo hubiese escrito el propio abogado del Presidente de la República, resultó el pasado martes 10 de julio ganador del concurso para una de las vacantes de la Segunda Sala Penal. Cómo se ve que estamos en tiempo de la publicitada “meritocracia”.

Volvamos donde otro que hace méritos: Gagliardo presentó el martes ante el Presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas el pedido de desestimación de la denuncia presentada por el Ab. Joffre Campaña Mora, Procurador Judicial de diario El Universo, en contra del juez Juan Paredes, a quien denunció por los delitos de falsedad ideológica y prevaricato por la sentencia que dictó el año anterior contra los directivos del diario y a favor del Presidente de la República.

El fiscal Gagliardo en su resolución de desestimación consideró que los hechos denunciados “no constituyen un delito”. Este fiscal entierra así un caso que era molestoso para el poder y cuyas evidencias servirían para cuestionar la ética judicial en cualquier parte.

Para comprender de alguna manera el entuerto encabezado por un fiscal de bolsillo hay que señalar que el caso Chucky Seven reveló que no eran ilusorias las sospechas que la sentencia firmada por el juecito Paredes fue escrita por Gutemberg Vera, puesto que ambos personajes no solo que coincidieron en el uso del citado pendrive, sino que allí apareció el testimonio de otra jueza, a la que los poderosos de Carondelet le pidieron ser la firmante de ese documento, a lo cual ella se negó.

En este punto, la honorabilidad de una persona, que podía haber ganado mucho dinero e influencia, cumpliendo la consigna de los que no tenían la razón, no pueden permanecer indefensos por una justicia que se ha puesto al servicio del Ejecutivo y sus aliados.

En un país donde no hay un organismo de control creíble, desconocemos cuál entidad debe ser la encargada de proteger a Mónica Encalada, cuya participación para detener la injusticia del juicio a El Universo fue clave.

Tanto ella, como su familia deben ser protegidos. Lamentablemente, por casualidad o quien sabe por qué razones, en un pasado reciente, han muerto “accidentalmente” gente que reveló cosas del entorno gubernamental.

Por ejemplo, Quinto Pazmiño, un testigo del caso “Pativideos” falleció por una súbita enfermedad. Uno de sus errores fue haber anunciado que tenía documentos fuertes contra uno de los ministros poderosos. También murió su esposa, María Elizabeth Chancay Macías; ella fue asesinada por sicarios que viajaban en motocicleta. ¿No llama eso poderosamente la atención? ¿No obliga a pedir precauciones a favor de cualquiera que haya pronunciado algo contra el régimen?

El general Gabela, que denunció un negociado con naves compradas para la Fuerza Aérea igualmente fue asesinado. El ministro de Seguridad de entonces, “Cachito” Vera intentó convencer que se trató de un asalto, pero la familia indignada demostró que hubo sicariato, pues ningún supuesto “ladrón” intentó robar nada. Le dispararon y huyeron.

Ojalá la doctora Encalada no sufra atentados. Ojalá otro denunciante permanente de irregularidades, Galo Lara, no sea convertido en mártir por causa del odio político.

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