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mayo 18, 2012 Publicado por Edgar Jara en la sección Editoriales

El paso de refugiado ha nacionalizado

No sabemos si la alta población de refugiados en el Ecuador, como consecuencia del conflicto colombiano tenga algún beneficio político, pero sí estamos seguros que no ayuda en cuanto a calidad de vida o de satisfacciones sociales para su entorno. Sobre todo, esto es visible en los lugares donde se sitúan los desplazados, barriadas nuevas o marginales de las provincias de Sucumbíos, Esmeraldas, Carchi u Orellana, que por su cercanía geográfica son las que más reciben la afluencia de ciudadanos que se sienten inseguros en Colombia. Desde luego, no es invisible la presencia de estas personas en las ciudades grandes, por lo que se torna complejo intentar un censo a nivel nacional. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) tiene en su estadística un número elevadísimo de colombianos desplazados a causa de la huida colectiva de los territorios tomados por los irregulares, en el sureste de Colombia: “entre un millón y un millón y medio de refugiados que han sido desplazados fuera de su país en los cuarenta años del conflicto interno”. Ecuador está considerado según la misma Acnur como el país de América Latina que tiene la mayor población de refugiados. Seguramente, aparte de los ciudadanos citados, hay en nuestro territorio venezolano, cubanos, peruanos, haitianos y de otras nacionalidades, pero la mayoría son colombianos que huyen del conflicto armado.

No se puede ver superficialmente el drama de un colectivo que ahora mismo está siendo estudiado, según lo reveló el organismo internacional en un taller que se dicta en el hotel Marriott de Quito.

Hasta diciembre de 2011, Ecuador reconoció oficialmente a 55.092 personas refugiadas, de las cuales el 60% vive en áreas urbanas y el 40% cerca de la frontera.

La cifra (55.092 personas) es relativamente baja en comparación a la población norteña que a menudo se ha creído que ha llegado al país (estimada en alrededor de 150 mil o 200 mil desplazados colombianos).

A las cifras oficiales de la Acnur se agrega un estudio, basándose en una fuente, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), que revela que el 84% de los refugiados colombianos urbanos no tienen planes de regresar a su país.

Respecto a lo anterior, la única razón para creer que, por alguna imprecisión, no se apega a la realidad es que si Ecuador es el territorio que más desplazados ha recibido de Latinoamérica, la cifra 55 mil colombianos refugiados resulta apenas del 5%, en el caso de que hayan desertado de Colombia un millón de personas, cifra señalada por el mismo organismo y recogida por Wilkipedia.

Ahora bien. Para la sociedad del país de acogida resulta inhumano cerrar las puertas a todo aquel que huye en forma tan dramática de los peligros que representa ese momento el anterior suelo de residencia.

Pero dada la incidencia de azotes sociales que están reflejados en las páginas de crónica roja como la violencia y delincuencia, estamos de acuerdo que más allá de las políticas humanitarias, hay otras que obligan a un estudio de la persona solicitante antes de alcanzar la misma el estatus de refugiado.

Todas estas previsiones son necesarias porque no se puede entregar una credencial generosa e indiscriminadamente. A mayor número de recién llegados mayores posibilidades de descomposición del cuerpo social.

El problema es, ¿qué tan serios y que tan despolitizados son los estudios sobre las personas que solicitan el estatus de refugiado? Se conoce que no siempre se ha acertado y en ocasiones se ha conferido la calidad de refugiado por ejemplo a elementos con antecedentes de investigación policial, a algún ex miembro de las Farc o ex paramilitares.

¿Quién garantiza en tales eventos que el interesado se ha regenerado? ¿Quién asegura que en los núcleos donde se forman los barrios de refugiados no se instauren células aisladas que atentan contra la seguridad civil?

Se desconoce, por ejemplo, las formas de integración a la vida productiva, a excepción de la multiplicación de microempresas comerciales, es decir ventas ambulantes, lugares de comida en zaguanes e inclusive en veredas de calles comerciales (por ejemplo en Lago Agrio).

Además, también se señala que de este conglomerado vulnerable, inevitablemente salen jóvenes candidatas a la vida airada, es decir mujeres que engrosan los centros de tolerancia.

Vale aclarar, no es el promedio del ciudadano colombiano o colombiana, pero comprendemos que las limitaciones del acceso a un salario digno o a las fuentes productivas pueden afectar las tendencias en las formas de vida.

Hay tantas y tantas inquietudes que generan los refugiados, cuya situación esperamos que mejore, siendo que estamos convencidos que no debe generalizarse las actitudes y condiciones de los ciudadanos colombianos, muchos de los cuales son emprendedores y alcanzan sin problema un posicionamiento social.

Desconocemos si hay un interés político detrás de la dación de estatus de refugiado a quienes llegan a solicitarlo. Porque en el proceso que viven estos ciudadanos, detrás de la obtención de esa calidad civil, se conoce de solicitudes de nacionalización.

En las próximas elecciones, ¿habrán muchos ex colombianos votando por el candidato ecuatoriano que les concedió la nacionalidad en nuestro país?

Habría que tener acceso a las políticas de Relaciones Exteriores. Lo que no sabemos es si el ministro Ricardo Patiño facilite a la prensa independiente la real estadística sobre nacionalizados.

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