0
septiembre 19, 2012 Publicado por Edgar Jara en la sección Editoriales

El Gobierno y su fama resonaron en “Semana”

El Gobierno ecuatoriano se halla este momento en la tarea de esperar respuesta a su solicitud a los editores de la revista colombiana “Semana”, a fin de que estos aclaren sobre supuestas inexactitudes y falsedades que a juicio de la Secretaría Nacional de Comunicación publicó el semanario del vecino país septentrional.

El pasado 12 de agosto, el semanario colombiano publicó el reportaje "Ecuador y los obstáculos contra la prensa", trabajo basado en testimonios que el Gobierno juzga inexactos sobre la realidad que vive la prensa y la libertad de expresión en nuestro país.

La controversia Gobierno-prensa, que se plantea desde que el Ejecutivo, tras su reelección, enarboló el tema: “el enemigo a vencer es la prensa” y decidió fustigar semanalmente a través de sus Enlaces a diferentes periodistas, ha llevado a que el régimen sea criticado en medios del exterior.

Desde luego, pueden surgir unas coberturas que se apegan a la crítica más que otras. Pero, en general, desde diferentes puntos del planeta han abordado el tema que en esta ocasión lleva al Gobierno a emitir su versión y a ampliar aclaratorias, desde la visión oficial.

En la carta, firmada por el secretario Nacional de Comunicación, Fernando Alvarado, se detallan varias observaciones. Entre ellas, se aclara la presunta desinformación sobre el veto al Código de la Democracia, que está en estudio en la Corte Constitucional.

En la misiva se explica que el Código no coarta el trabajo de los medios para informar sobre candidatos ni limita el derecho de la ciudadanía para recibir información sobre el proceso electoral. “En reiteradas ocasiones, el Gobierno ha explicado que el artículo 203 de dicho Código busca que se proteja a los candidatos que pudieran ser víctimas de un desequilibrio informativo, por no ser de la simpatía de los dueños de los medios. Además, que la decisión solo tendrá vigencia 44 días antes de las elecciones y no meses previos como lo aseguró Semana”.

Pero justamente esta situación es la que rechaza la clase periodística independiente del Ecuador, puesto que el Gobierno no puede ser el árbitro de lo que considera desequilibrio informativo, cuando éste se practica justamente en los llamados medios públicos, en los canales de televisión incautados y en aquellos medios que se someten por propia voluntad (o por conveniencia) a los caprichos del poder de turno, sin que se produzca una fiscalización al respecto.

El reportaje se sustenta en entrevistas a Carlos Lauría y a César Ricaurte, dos periodistas que monitorean constantemente sobre la relación de los medios y el poder y sobre los cuales pesa la eqiqueta de ser “reconocidos por su oposición al Presidente Rafael Correa”. Según la misiva aclaratoria, Lauría desde el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) ha realizado una campaña "intensa de desprestigio hacia el Gobierno (...) que mediante sus informes y documentos políticamente sesgados ha intentado crear una información totalmente falsa sobre la situación de la prensa en el país".

En cambio, César Ricaurte, quien dirige Fundamedios, “manipula y omite información cuando asegura que el presidente Rafael Correa usa el Enlace Ciudadano para atacar a periodistas. La aclaración recalca que la molestia de Ricaurte se genera por el segmento la "Libertad de expresión ya es de todos", en el cual se han difundido casi 1.000 aclaraciones a noticias publicadas por las empresas de comunicación”.

Bueno, demás está señalar que no es falso que en los Enlaces de Rafael Correa se utilizan varios minutos para desprestigiar a la prensa y aún satanizarla, como fue el caso de la utilización de la imagen de Gustavo Cortez, editor de Diario El Universo, para señalar: “conozcan a este sujeto, el que desprestigia con su periódico al Presidente de la República”.

Este sistema, tan peligroso, en un medio donde los fanáticos políticos, sectarios, y amargados por causas que han frustrado sus vidas están a la vuelta de la esquina, podría generar un ataque el comunicador.

Aún más, en su Enlace inmediato al 30 de septiembre, en su afán de desvirtuar responsabilidades sobre los hechos del aciago día (como haber provocado innecesariamente a los policías o haber salido del hospital no en paz como se había previsto), su dedo acusador recayó en uno de sus rivales políticos, Lucio Gutiérrez, que extrañamente, lejos de hacer un reclamo judicial como corresponde, por haber llevado el Presidente muy lejos la calumnia, solo ripostó con dos o tres frases agresivas, muy poco lúcidas y dejó pasar una oportunidad para reclamar legítimamente sobre el perjuicio irrogado por parte de quien soltó irresponsablemente sus ideas.

Pues bien, esta actitud de inculpar públicamente a diversos ciudadanos sobre hechos de los que no son responsables es muy peligroso, exponiendo de manera muy inmadura la vida de personas que el propio Presidente sabe que no tienen autoría de mayor peso en los temas que él mismo va creando para lograr la condena del correísmo ingenuo a esas personas.

Asimismo, se explica que el presidente Rafael Correa demandó por daño moral a los autores del Libro el Gran Hermano, “porque en su libro ni en el proceso legal y de carácter civil lograron comprobar que el Mandatario haya conocido los contratos de su hermano Fabricio Correa con el Estado. A pesar que no se demostró esa versión, el presidente Correa decidió perdonar a los periodistas y no seguir con el litigio”.

Respecto a esto último, no solo está la versión de cuatro veedores, a los que ahora se persigue políticamente, se conoce la versión del propio hermano del Presidente, quien admite que el Mandatario “sí conocía de sus contratos”.

Otro cuestionamiento al trabajo de Semana es por su versión de arrestos a ciudadanos por expresar su pensamiento político. "El Jefe de Estado, Rafael Correa, no ha ordenado detener a ciudadanos por expresarse en contra suyo o de su gobierno como se vuelve a mentir en su artículo", dice el Secretario Nacional. El reportaje de Semana se refirió a los casos de Marco Sovenis (quien además fue golpeado por la soldadesca), Irma Parra y Germán Ponce, “usados por la oposición para desacreditar al Régimen y los cuales han sido aclarados de decenas de ocasiones”. Alvarado olvida que, efectivamente, esos ciudadanos fueron apresados por orden presidencial. Correa dijo en su momento que le habían hecho una señal obscena.

En el caso de la señora Irma Parra, quien estaba acompañada por su indignado esposo, asegura que todo lo que dijo, con uno de sus dedos, es que iba a votar “No” en la consulta del Presidente. “¿Cómo podía hacerle esa señal obscena si no tengo esa costumbre y, por otro lado, el señor estaba rodeado de varios soldados?

Fernando Alvarado no puede negar que los tres ciudadanos fueron en su momento apresados.

Click to share thisClick to share this