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julio 6, 2012 Publicado por Edgar Jara en la sección Editoriales

Cualquier cosa a nombre de la soberanía

Pese a que la agencia para el desarrollo USAID ha tenido dentro de nuestro territorio iniciativas en varias inversiones sociales, sobretodo educativas y de salud, al Gobierno correísta, que madruga todos los días a hablar de soberanía, se le dio la gana de establecer obstáculos para su permanencia en el país.

Es decir, el presidente Correa se abriría y le abriría al país un nuevo frente, una nueva preocupación, porque nadie ignora que la USAID tiene nexos con la Embajada de los Estados Unidos.

Según los radicales, es decir los que tienen una visión ideológica fanática, es “para celebrar” estos nuevos visos de tendencia a hacer respetar la soberanía. Olvidan que si bien no nos unen lazos históricos, culturales, ni idiomáticos, peor familiaridad económica, como podría suceder entre EEUU y Canadá o EEUU y Reino Unido, tenemos una importante relación comercial, la misma que convierte al país del Norte en nuestro principal comprador, algo que seguramente carece de valor para el hombre que hace lo posible por distanciarse de la política de Washington, sin que para ello repare que está actuando o, mejor, sobreactuando como un imberbe malcriado y tan vandálico como el muñeco Chucky.

En una forma desalmada, anunciada a través de un medio oficial, diario 'El Telégrafo', lo que refuerza la tesis de que no es un rumor, de que está dispuesto a hacerlo, el Gobierno correísta planea expulsar del país a la Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés).

Tan adelantados están en sus planes que, según trascendió, el personal del Ministerio de Exteriores y de la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional se reunieron hace unos días para analizar las repercusiones que tendría la expulsión de la USAID de territorio ecuatoriano.

El mecanismo que adoptaría el régimen sería el de “la denuncia del Convenio de Cooperación de 1962 y la petición de la cancelación financiera y administrativa de los proyectos que la USAID desarrolla en estos momentos en el Ecuador”.

Superado este primer paso, el Gobierno procedería a realizar un inventario de los bienes introducidos en el país por la agencia estadounidense para llevar a cabo sus proyectos y haría un balance de la inversión, relacionando los recursos gastados y los resultados obtenidos.

En caso de conflicto con Estados Unidos, “el Gobierno argumentaría que la propiedad intelectual de las investigaciones realizadas por la USAID pertenecen al Estado ecuatoriano”, (lo señala en El Telégrafo).

Desde nuestro punto de vista habíamos supuesto que la propiedad intelectual, a la inversa, correspondería a quien tiene una iniciativa o que a través de convenio llevaría adelante el proyecto bajo la coautoría propia de autor y productor (es decir, en el caso de una investigación, uno la realiza y otro la financia).

Con un ejemplo más simple, el Gobierno quiere actuar como cualquier dueño de casa que arrendando a algún pequeño empresario los locales de su propiedad, decide suspender el arriendo y sacar al dueño de aquel negocio, que arrienda su local, para establecerlo él mismo.

Esto es más deleznable cuan más exitoso sea ese negocio o los resultados de un proyecto sin razones de lucro (es decir, estamos sosteniendo que la USAID no necesariamente tenía visión de negocio en sus iniciativas). Ante la descalificada actitud de expulsar a una entidad para llevar adelante su tarea, la pregunta sale sola: “si esta empresa es un fracaso, ¿por qué asumir sus actividades?”

En esta ocasión El Telégrafo ha actuado a lo Correa, es decir ha hecho un señalamiento público que más bien debió tener un perfil doméstico, en otras palabras se ha lanzado antes de hora en difundir las intenciones gubernamentales: “Las autoridades ecuatorianas también han barajado la posibilidad de que la expulsión de la USAID dificulte la financiación de algunos proyectos, por lo que elaborarán una estrategia alternativa para la obtención de recursos”.

El Gobierno debió empezar por eso último antes de lanzarse a exteriorizar sus objetivos, pues en el presente caso, no es difícil que ante este precedente, la expulsión, se produzca una contrapartida, por ejemplo la suspensión de otras inversiones sociales, llevadas adelante por otros organismos estadounidenses.

El Gobierno sabe que la USAID tiene una importante presencia en los gobiernos locales, por lo que se anticipa que el régimen central elaborará un plan para evitar conflictos sociales en las zonas de la Amazonía, donde la influencia de la agencia estadounidense es más fuerte.

Los ecuatorianos tienen derecho a decepcionarse por algo que no tiene visos de originalidad y, en este caso, deben estar enterados, además, que estas “iniciativas correístas” se originan en instructivos de la revolución bolivariana del Siglo XXI. Ha sido el Consejo Político del ALBA quien dio el primer discurso dialéctico y polémico al acusar a la USAID de ejercer una "injerencia abierta financiando ilegalmente a líderes políticos, medios de comunicación y ONG para desestabilizar los legítimos gobiernos que no son afines a los intereses de Estados Unidos". Una directiva que ha sido Correa el primero en acatar.

El Gobierno que enarboló el concepto “el país es de todos”, debe empezar por respetar los intereses de todos. De esta manera, aplicando su “estilo”, quedan perjudicados no precisamente los gobernantes y sus adláteres, sino aquel pueblo amazónico, andino, montubio o insular que a pie y descalzo recibe capacitación cuando no facilidades a través de agencias de desarrollo como la USAID.

Es una pena que caracterice al Ecuador contemporáneo esta política de polarización social, violencia verbal, visión extrema y hasta fanática en temas de interés público. Pensamos que la actitud primaria solo era una pose para conectarse con un electorado privado de instrucción básica, pero es una actitud que la repite ante el conglomerado internacional, decepcionando con ello a quienes nos ven desde fuera de nuestras fronteras.

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