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abril 27, 2012 Publicado por Edgar Jara en la sección Editoriales

Caso Chucky Seven, para un fiscal sin ataduras

Ya se viene otra tormenta judicial en Ecuador. La ex jueza Mónica Encalada, quien conoce los interiores del caso Chucky Seven dará su versión el miércoles 2 de mayo en Guayaquil.

Un testimonio que tiene que ver con un fallo suscrito por el juez de bolsillo Juan Paredes y, presumiblemente, redactado por un abogado que sirve al poderoso.

El ministro fiscal encargado, Paúl Ponce Quiroz (es decir, no el titular Antonio Gagliardo) decidió indagar este caso, que podría poner en claro lo que ocurre en juzgados donde toca en suerte un proceso que toca al más influyente.

La ex jueza Mónica Encalada es conocedora de los entretelones del pendrive Chucky Seven, en el que aparecieron grabados tanto el fallo del caso El Universo, como un proceso que estaba llevando adelante nada menos que Gutemberg Vera, abogado acusador de El Universo.

Ese buen pueblo que no tiene malicia y que solo posee estudios elementales desconoce que es grave que el juez de una causa y el abogado de una de las partes de esa causa hayan compartido pendrive, es decir un “flash memory” que archiva documentos.

¿Podría usted confiar que en un hipotético juicio sobre despido de una empresa, el abogado de su jefe comparta documentos con el juez que lleva ese caso?

¿No sospecharía que esa simple vinculación de por sí ya estaría quitando visos de legitimidad a la actuación de ambos?

Bueno, se agravarían aún más las sospechas en la eventualidad que el juez, después de recibir 500 fojas, las lee en una sola noche y al otro día, en el estrado, le dice que está todo muy claro: “usted fue despedido correctamente”.

La actitud de Mónica Encalada, que en vísperas del generoso perdón del Presidente, apareció en escena para confirmar lo que se sospechaba, que Juan Paredes no era el autor intelectual de la sentencia a El Universo, se puede considerar de valiente.

Muy valiente, tomando en cuenta ciertos espejos que se reflejan en los países similares a Ecuador. Mónica Encalada podría enfrentarse, judicialmente hablando, a una montaña de testimonios y documentos presumiblemente forjados.

Este mal pensamiento salta por las extraordinarias coincidencias que se advierten entre los sistemas de justicia que se aplican tanto en Ecuador y Venezuela, lo cual no deja de sorprender.

En el Ecuador, el caso El Universo, que es una derivación del caso 30 de Septiembre, un encapuchado (“testigo protegido”) aseguró haber visto al mayor Fidel Araujo con una pistola cámara, con la que le propusieron asesinar al Presidente.

En Venezuela se reveló el caso Aponte, un ex juez militar que desnudó el proceso de injusticia desarrollado en aquende el río Orinoco.

Entre otros episodios que dejan mal parado al poder, Aponte confirma que el testigo encapuchado que se consiguieron contra un enemigo del régimen de apellido Mazuco era simplemente un preso al que le dieron un guión acusatorio y luego lo perdonaron.

En el caso Encalada, la ex jueza dejó sus declaraciones a través de una grabación e inclusive amplió sus declaraciones en Bogotá, ciudad en la que se había refugiado.

El fiscal Antonio Gagliardo, que recibió esas grabaciones, dijo que lo aseverado por la jueza en su grabación “no tiene validez”.

En el caso Aponte, el ex magistrado hizo sus declaraciones desde una ciudad estadounidense para una cadena de televisión. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, manifestó que las declaraciones ofrecidas fuera del país por Eladio Aponte no son suficientes para iniciar una investigación en su país.

¿Usted cree que si algún organismo de investigación de los Estados Unidos recibe una grabación de alguien que dice conocer quienes mataron a John F. Kennedy o a Martin Luther King, el fiscal va a cruzarse de brazos, “porque es una declaración sin validez”?

Se entiende que por lo menos dirá “vamos a investigar”, ya que no se trata de que ponga tras las rejas de por sí al inculpado.

Ese “vamos a investigar” no asomó en palabras, peor en intenciones, tanto en Ecuador, como en Venezuela.

Eso sí, hay que establecer las diferencias de actitudes de ambos ex magistrados, el venezolano y la ecuatoriana.

En tanto Aponte admitió haber participado en varias diligencias ilegales (como persecución política y liberación a narcotraficantes), presuntamente ordenadas por el principal habitante del Palacio de Miraflores, en el caso Encalada, la ex jueza consideró que firmar el juicio contra El Universo (que le propusieron a ella) iba contra su conciencia y por eso tras denunciarlo debió irse por algunos días del país porque no había las condiciones para enfrentar al poder.

Se aguarda que el fiscal del Guayas encargado Paúl Ponce indague a fondo sobre el caso Chucky Seven, cuyo nombre ha sido caricaturizado, pero se trata de un caso serio, de un problema ético mayúsculo y de un escándalo judicial al que es prohibido ignorar.

Muchos ecuatorianos prefieren que este bullado caso quede allí, puesto que el Presidente, en lo que se refiere a El Universo, ya decidió “archivarlo” y ya no hay razones para levantar polvareda.

Pero también existe el otro lado de la historia. El Universo fue atacado y desprestigiado en tantas cadenas sabatinas y declaraciones a los corresponsales de la prensa internacional.

Es muy posible que el matutino, en este caso sus directivos, aspiren a que su nombre sea reivindicado, tras la dura campaña que enfrentaron en su contra.

Lo que revele Mónica Encalada, seguramente incidirá en la concepción que se tiene sobre la actuación de un juecito de bolsillo y del super abogado del hombre fuerte del país.

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