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junio 6, 2012 Publicado por Edgar Jara en la sección Editoriales

Acallar a Galo Lara ¿a la fuerza?

Desde hace unos dos años hemos observado una total animadversión del Gobierno en contra el asambleísta Galo Lara (Sociedad Patriótica), seguramente uno de los opositores más constantes y valientes en su tarea fiscalizadora al Régimen.

No olvidemos que hace pocos meses el Presidente de la República intentó sacar (o más bien expulsar) a Lara de entre los asambleístas ecuatorianos, habida cuenta que el poderoso se considera dueño también del poder legislativo donde hay sirvientes del poder, como Fernando Cordero, que ante una sola sugerencia del jefe hace todo lo posible por cumplir.

Por suerte, en la votación, muchos asambleístas salieron por su dignidad e impidieron el atropello. Lamentablemente, fiel a su deber, Galo Lara sigue allí como la piedra en el zapato y por culpa de él, aparte de arriesgar él mismo, muchos medios corren el riesgo de que el Presidente interrumpa sus programas señalando que es una total mentira lo afirmado por Lara, aleccionando severamente además públicamente al dueño del medio, a través de su propia emisora, periódico o canal de televisión “por haber permitido la intervención del que realizó la mentira”.

Bueno, vamos por partes porque parecería que queremos justificar las intervenciones mentirosas que sí existen. Estamos contra la intervención dictatorial contra los medios cuando éstos están dedicados a la agenda de su programa.

Empezaremos diciendo, tranquilos señores del Gobierno, si tienen la razón el tiempo lo dirá. Después de todo no solo que hay el derecho a la réplica, sino inclusive a una enmendación inmediata si es verdad que lo afirmado por el presunto mentiroso no tiene sustento.

Se conoce que esta nueva controversia se suscitó entre el Gobierno y un medio de comunicación, tras ser interrumpido éste en una programación. Las denuncias del asambleísta Galo Lara sobre presuntos desvíos de fondos públicos tuvieron ayer martes una secuela al enfrentarse verbalmente Fernando Alvarado, secretario Nacional de Comunicación, y el periodista Gonzalo Rosero, de Radio Democracia, la misma que fue obligada a pasar un programa del Gobierno.

Previamente, ayer, la programación de Radio Democracia fue interrumpida por un programa obligado por la Secretaría de Comunicación en el que se acusaba al entrevistador Gonzalo Rosero “de haber entrevistado al asambleísta Galo Lara sin exigir pruebas de sus denuncias”.

Lara había denunciado, en un programa anterior (más temprano), dos “irregularidades”: Primero, el supuesto hecho de que el ex secretario de la Unidad de Análisis Financiero, Gustavo Iturralde, renunció porque había presentado un informe sobre manejos incorrectos de cuentas bancarias de funcionarios del Gobierno.

Además, Lara apunta a que hubo presuntos desvíos de fondos públicos en grandes cantidades desde unas cuentas de gastos secretos de la Presidencia de la República a las cuentas privadas de dos policías cuyos nombres y números de cuenta las hizo públicas en la entrevista de la polémica.

La Secretaría de Comunicación interrumpió la programación regular de Democracia pasadas las 07:00 y obligó a transmitir una cuña en la que decía que “Lara miente” y en la que se acusaba a Gonzalo Rosero de “no haber hecho nada por evitar que el asambleísta falte a la verdad”.

Tras la humillante invasión a su espacio, el radiodifusor dijo que como entrevistador no puede poner un esparadrapo a sus entrevistados y que Lara tenía la libertad de presentar las denuncias bajo su responsabilidad. “Guste o no al Gobierno, Galo Lara es representante del pueblo”, explicó Rosero, quien no es un bisoño, es un viejo comunicador.

Pero, deben conocer, ecuatorianos, que Rafael Correa pretende acallar al asambleísta bajo el pretexto que se trata de un sujeto descalificado, siendo que para lograr este adjetivo ha sido evidente el trabajo de picapedreros de varios gobiernistas.

Existe inclusive una página web dedicada a atacar a Lara al que le acusan de ser cómplice de una violación y otras tropelías. Pero, el periodismo serio, ha mantenido su espacio para todo aquel que tenga algo nuevo que denunciar, sobre todo cuando se trata de los dineros públicos, es decir cuando se trata de que algún revolucionario confunde este término con “robolucionario” lo cual es lamentable para los intereses de una colectividad del tercer mundo.

Lara, lamentablemente tiene algo de Quijote y olvida que estamos en un país de poderes copados por un solo color político. Aún cuando su lucha es contracorriente, pues no tiene cadenas de televisión ni periódicos para defenderse o poner su verdad sobre la mesa, hace las acusaciones y afirma tener pruebas que, dijo, va a presentar a la Fiscalía.

Pero, la Fiscalía actúa con todo tiento, con toda la parsimonia que conviene a la parte denunciada. Seguramente los fiscales van a estudiar “profundamente” sus denuncias y tras varios meses de ir de aquí para allá, recibiendo (el denunciante), en el entrevero, algún codazo de los infaltables gorilas, el Fiscal le dirá que se exime, como ha ocurrido con el caso Chucky Seven, donde el fiscal Antonio Gagliardo, aquel que hizo inválidas las acusaciones de la jueza Mónica Encalada que denunció a Gutemberg Vera y a Juan Paredes, ahora, teniendo las pruebas abundantes, se exime y renuncia a la causa.

¿Qué se puede esperar en un país cuyo sistema político está así de contaminado? Sin embargo, tenemos fe, queremos creer que la corrupción no ha llegado a lo más alto. El Gobierno de las manos limpias, en honor a esta apostilla, debe facilitar que Lara y los fiscales hagan libremente su trabajo.

Que la prensa informe libremente sobre los resultados de la investigación. Que desmienta a Lara si todo ha sido imaginación del asambleísta fiscalizador.

O, que corrobore el aserto de Lara si es que es verdad que existen desvíos de fondos públicos en grandes cantidades desde unas cuentas de gastos secretos de la Presidencia de la República a las cuentas privadas de dos policías cuyos nombres y números de cuenta las hizo públicas el asambleísta, sobre cuya integridad física debe preocuparse no solo la prensa, sino la Fiscalía, y especialmente el propio Gobierno.

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